La queja se interpuso, el pasado mes de mayo, por incumplimiento del artículo 22.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que obliga a garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, así como por la caducidad del contrato, en octubre de 2018, en materia Prevención de Riesgos Laborales, que dejó sin protección a cerca de 400 trabajadores municipales. El funcionario ha elevado la queja al Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, siguiendo las indicaciones del Síndic.
La totalidad de la plantilla municipal, alrededor de 400 funcionarios y empleados públicos, no recibieron el preceptivo reconocimiento médico anual en 2018 que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una situación “inaudita” para E.F.T.S. Agente de la Policía Local de San Vicente del Raspeig desde 1991. “que no se ha producido en los 28 años que he cumplido de servicio al municipio y lo que, en mi opinión es más grave incluso, un incumplimiento legal por parte del Ayuntamiento, que nadie, al menos que yo tenga conocimiento, ni sindicatos, ni oposición, ni socios del PSOE en el Equipo de Gobierno, ha denunciado. Incluso la radio municipal, Radio San Vicente, que ni mencionó la noticia de mi denuncia y borró los comentarios que al respecto hice en su página de Facebook”.
El pasado mes de mayo, el funcionario puso lo ocurrido en conocimiento del Síndic de Greuges que finalmente ha indicado que se dirija al Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, sin perjuicio de poder recurrir de nuevo a dicha institución.
“He seguido las indicaciones del Síndic y la denuncia ya está interpuesta. Es lamentable que lo tenga que hacer un funcionario a título particular porque todos hayan mirado para otro lado” asegura. “El Ayuntamiento no puede ser un cortijo y la administración debería ser la primera en cumplir y hacer cumplir la ley. Pienso llegar hasta el final”.
E.F.T.S. se pregunta “¿qué pasaría si esto le ocurriera a 400 trabajadores de una empresa privada? ¿Qué le ocurría a ese empresario?” y apostilla que “confío en que los nuevos concejales de la oposición, no miren para otro lado y se pongan las pilas a la hora de fiscalizar lo ocurrido”.
En su denuncia, el agente argumenta la obligatoriedad de las empresas y por extensión de la Administración, a velar por la salud de sus trabajadores, haciendo referencia a la norma que viene desarrollada por la Ficha Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como a la Doctrina del Tribunal Supremo al respecto y solicita además que se pronuncie sobre ello, así como sobre las posibles responsabilidades del todavía concejal en funciones, de Contratación y Recursos Humanos, José Luis Lorenzo, y el alcalde, en funciones, como máximo responsable municipal, Jesús Villar, por la caducidad del contrato de Prevención de Riesgos Laborales, en octubre de 2018 y toda vulneración de los derechos de los trabajadores que de este hecho pudiera derivarse.
Además, entiende que “en el caso del Supremo remarca que las funciones de los empleados del sector de la seguridad «implican la realización de actividades especialmente delicadas y sensibles respecto a otros compañeros y de terceras personas» Por lo que, como Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, hago extensiva la doctrina del Tribunal Supremo a mi situación concreta puesto que la correcta vigilancia de nuestra salud como funcionarios municipales con una clara labor de seguridad, puede derivar, intrínsecamente, en el ejercicio de nuestras funciones velando por la seguridad de los ciudadanos del municipio”
