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Un juez condena al Ayuntamiento a pagar 4.300 euros por una moción de la izquierda que promovía un boicot a Israel

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El edil de Ciudadanos Jordi Roig afirma que “es una vergüenza que los vecinos paguen las consecuencias de una moción radical que nada tiene que ver con San Vicente”


El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) ha informado de que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha sido condenado a pagar 4.368 euros a raíz de una moción presentada por los grupos de la izquierda en la que se promovía un boicot a los ciudadanos de Israel. Un juez ha anulado el acuerdo que aprobó el pleno en junio del año 2018 a propuesta de Guanyar (hoy EU), Compromís y Sí Se Puede (hoy Podem) y en el que Ciudadanos votó en contra.

El concejal de Ciudadanos Jordi Roig ha explicado que “es una vergüenza que los vecinos tengan que acabar pagando de sus impuestos las consecuencias de una moción radical y puramente ideológica, que nada tiene que ver con nuestro municipio y que desde luego no sirve para resolver ninguno de los problemas que tienen los ciudadanos de San Vicente”.

Roig ha afirmado que “no nos cansaremos de repetir que los concejales de San Vicente estamos para trabajar por nuestro pueblo, cada uno desde su óptica, pero no es de recibo que se lleven al pleno municipal propuestas tan alejadas de los verdaderos problemas de la gente como esta moción, que en este caso ha dado lugar a un procedimiento judicial que ha acabado en una condena al Ayuntamiento”.

La sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Alicante anula el acuerdo plenario y condena al Ayuntamiento a pagar las costas procesales, cuyo importe asciende a 4.368 euros (IVA incluido), tras el recurso interpuesto por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). La moción fue presentada conjuntamente por Guanyar, Compromís y Sí Se Puede.

Los acuerdos de la moción incluían, entre otras cosas, declarar San Vicente ‘Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI)’ y apoyar de modo explícito al movimiento no violento ‘Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS)’. La sentencia judicial hace referencia a otra anterior en la que se falla que los acuerdos contenidos en la moción “atentan contra el principio de igualdad”.

Moción discriminatoria

La sentencia es contundente a la hora de determinar que el acuerdo deja abierta la puerta a la arbitrariedad y puede conducir a la discriminación de todos los ciudadanos israelíes. Además, el juez considera que la limitación en materia de contratación puede aplicarse a personas concretas que se hayan visto involucradas en acciones delictivas o infractoras de Derechos Humanos, pero deben estar debidamente identificadas y debe ser analizado caso por caso a fin de evitar una discriminación por razón de origen.

El fallo judicial también indica que la moción aprobada en el pleno no es una mera declaración de intenciones, sino que tiene una verdadera y auténtica trascendencia, al tener una evidente intención de incorporar a toda la contratación administrativa a futuro una serie de condicionantes que potencialmente van a limitar la participación del colectivo israelí.

El concejal de Ciudadanos ha afirmado que “al margen de los argumentos de fondo y de la opinión que cada uno pueda tener sobre el asunto, lo que queremos pedir a los grupos políticos, especialmente a los que forman parte del equipo de Gobierno, es que centren sus esfuerzos en atender las necesidades de los vecinos de San Vicente y en resolver sus problemas, en lugar de someter a debate mociones radicales y de tipo ideológico que nada tienen que ver con nuestro municipio”.