El concejal de Cs Jordi Roig critica que “el alcalde vuelva a ejercer el derecho de tanteo de forma equivocada y abusiva en perjuicio de ciudadanos particulares”
El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) ha denunciado que el equipo de Gobierno (PSOE y EU) ha vuelto a ejercer el derecho de tanteo para quedarse con una vivienda que iba a comprar un vecino de San Vicente del Raspeig. Jordi Roig, concejal de Cs, ha lamentado que “el alcalde y edil de Urbanismo, Jesús Villar, vuelva a utilizar este derecho de forma equivocada y abusiva, otra vez en perjuicio de ciudadanos particulares y no para evitar precisamente la especulación”.
Ciudadanos ha explicado que el alcalde ha autorizado la compra de una vivienda situada en la calle Joaquín Blume por un importe de 90.000 euros que iba a ser adquirida por un particular y no por un fondo de inversión. Es la segunda vez que el Ayuntamiento ejerce el derecho de tanteo para comprar una casa, meses después de que hiciera lo propio con otra situada en la calle La Esperanza que iba a comprar una joven pareja de San Vicente antes de que el equipo de Gobierno lo impidiera comprándola por 115.000 euros.
Jordi Roig ha afirmado que “consideramos que es un abuso la postura que defiende el alcalde, que en el último pleno admitió con toda normalidad que un vecino no pueda comprar la vivienda que quiera en San Vicente hasta que el equipo de Gobierno decida si se la quiere quedar o no, provocando así una tremenda indefensión a los ciudadanos frente a la administración, que hace un uso inadecuado de este derecho de tanteo y retracto”.
El concejal de Ciudadanos ha invitado al alcalde a que “pise la calle y pregunte a cualquier persona o pareja que quiera comprarse una vivienda en San Vicente y que ya la tenga apalabrada con el vendedor o con la inmobiliaria cómo le sentaría que el Ayuntamiento les pueda decir que se la queda al mismo precio por el que ellos la iban a adquirir y que deben buscarse otra casa”.
Jordi Roig ha insistido en que “nuestro grupo no está en contra de que se ejerza el derecho de tanteo para ampliar el parque de viviendas sociales y destinarlas a personas en situación de vulnerabilidad, pero lo que decimos es que no puede llevarse a cabo contra particulares, sin tener en cuenta los perjuicios que provoca tanto a los compradores como a la reputación que debe tener un municipio como San Vicente”
El concejal de Ciudadanos ha recordado que el derecho de tanteo y retracto está pensado para evitar la especulación inmobiliaria en determinados supuestos, como transmisiones de edificios con un mínimo de cinco viviendas con destino residencial, en operaciones de venta de diez o más viviendas o que hubieran sido adquiridas mediante dación en pago o situaciones similares, pero no para ejercerlo contra unos particulares que quieren acceder a su primera vivienda.
El derecho de tanteo y retracto se viene aplicando en San Vicente desde finales del año pasado tras la firma en noviembre del año 2020 de un convenio entre el alcalde, Jesús Villar, y el entonces conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. En dicho acto aseguraron que solamente se ejercería para evitar que las viviendas acabaran en manos de ‘fondos-buitre’ y nunca contra particulares.
Entrega de llaves sin privacidad
En el mismo pleno, la concejal de Ciudadanos Mariela Torregrosa pidió explicaciones a la edil de Servicios Sociales, la socialista Isabel Candela, por organizar un acto en el salón de plenos para hacer entrega de las llaves a las familias que van a hacer uso de las primeras viviendas sociales adquiridas por el Ayuntamiento, poniendo así en riesgo su privacidad y su anonimato al difundir fotografías a través de los medios de comunicación.
Torregrosa le preguntó “si era necesario hacer un acto de esas características, en el que se fotografió, aunque fuera de espaldas, a personas que están en situación de vulnerabilidad social y que no se merecen verse en la coyuntura de tener que acudir a un evento, como así lo calificó la propia concejal de Servicios Sociales”. La edil de Ciudadanos le rogó que se “preocupara menos de la propaganda y más de proteger la intimidad de las personas en situación de vulnerabilidad social”.