El Grupo Municipal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de San Vicente lleva al Pleno ordinario de este mes de octubre una moción para reclamar al Estado que dote a los consistorios con capacidad de percibir unos tributos propios mínimos y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado. Dicho de otra forma: que la Administración local tenga más competencia y autonomía para gestionar la financiación que le corresponde.
La moción explica que desde hace más de 35 años los ayuntamientos del Estado español han venido reclamando una solución justa en materia de financiación, que se ha ido demorando de un modo inexplicable en el tiempo. “La llegada del actual Gobierno de Coalición, junto con los acuerdos del Programa de Gobierno análogos, constituyen una oportunidad histórica para abordar plenamente las reformas que reclaman las entidades locales”.
En el acuerdo de Gobierno se habla de derogar la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobando una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado’..
El texto de la iniciativa destaca el trascendental papel que han jugado los ayuntamientos en la contención socioeconómica de los efectos causados por la crisis sanitaria del COVID, con un esfuerzo inversor importante, asumiendo competencias impropias y realizando esfuerzos encomiables para ampliar el escudo social para proteger a las familias, bonificar en tasas a la hostelería y al comercio local, o garantizar servicios sociales básicos.
El regidor de Esquerra Unida Alberto Beviá, que ostenta la Concejalía de Hacienda, asegura que su Grupo Municipal propone al Pleno, entre otros puntos, instar al Gobierno del Estado a iniciar de manera urgente la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, aprobando una nueva normativa que conceda más autonomía financiera a las entidades locales. También solicita pedir al Gobierno del Estado a iniciar de manera urgente la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012 por tratarse de una legislación lesiva para la autonomía y suficiencia financiera local.
Asimismo, el acuerdo insta al Gobierno de la Generalitat Valenciana a poner en marcha de manera urgente iniciativas para abrir la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad autónoma, ingresos que deberán ser necesariamente incondicionales y, por último, pide al Gobierno del Estado que revise los beneficios fiscales de la Iglesia católica en lo tocante a tributos como el IBI.
