El Partido Popular ha presentado una solicitud por registro para que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, inicien los trámites oportunos para personarse como parte en el proceso judicial denominado coloquialmente “caso de los whatsapp” en defensa de los intereses municipales.
El portavoz Popular Óscar Lillo, manifiesta “el Alcalde es el máximo responsable de este Ayuntamiento y debe velar por los intereses del mismo. Por responsabilidad ante estos hechos tan graves, en los que presuntamente se haya filtrado información sensible a través esos grupos de WhatsApp con datos contratos según lo aparecido en prensa. El Ayuntamiento debería de haberse personado ya en esta causa, y por ello así lo solicitamos, como parte potencialmente perjudicada. Han pasado varios meses desde que se inició este procedimiento y lejos de solicitar esclarecer los hechos, el Alcalde, no parece estar por la labor de que el Ayuntamiento se persone en esta causa como parte afectada”.
El Partido Popular en cuanto tuvo conocimiento de los hechos a través de la prensa instó a la Fiscalía para que investigaran, y posteriormente la denuncia de un particular, según los medios, contribuyó a que el asunto llegase a los juzgados. “Villar que pidió la dimisión de todos los concejales implicados en los grupos de WhatsApp, primero lanzando un comunicado y posteriormente manifestándose a las puertas del Ayuntamiento junto a los trabajadores municipales. Eso de cara a la galería, porque horas después los disculpaba, e incluso pasado el tiempo premió al ahora investigado Guillermo García, al que puso al frente precisamente de este departamento de Contratación aumentándole las competencias y por ende el sueldo. Competencias que le mantiene pese ser investigado por el juzgado y a que su propio partido socialista le ha suspendido de militancia”.
Por otra parte, “la concejal Asunción París, en declaraciones a medios, alude a que la persona conocedora de todos estos hechos, puso a disposición del partido socialista la documentación sobre los grupos de WhatsApp, y nos parece inaudito que en vez denunciarlo ante los juzgados nos tengamos que enterar por las filtraciones de información a la prensa”.
El conocido como “caso de los WhatsApp” salió a la luz en los propios medios de comunicación en el mes de marzo tras la dimisión de la primera edil socialista del equipo de gobierno municipal. Se publicaron capturas de pantalla de conversaciones en grupos de WhatsApp donde trabajadores municipales eran menospreciados profesional o personalmente por los componentes de esos grupos entre los que se encontraban concejales socialistas. Dos concejales socialistas más, se vieron abocados a dimitir tras estas publicaciones, y la protesta de los trabajadores municipales a las puertas del consistorio como consecuencia de tan deleznable conducta por parte de regidores municipales.
Al margen de comportamiento éticamente reprobable, las citaciones judiciales que están haciendo desfilar estas últimas semanas por el juzgado al Alcalde Jesús Villar, y a los concejales, Asunción París y Guillermo García, junto a los tres ediles dimitidos y personal de confianza del grupo socialista, no tiene que ver con los insultos contra trabajadores municipales vertidos en dichos WhatsApp, sino con el intercambio de documentos que no son de orden público en estos grupos en los que además de concejales había otras personas ajenas al ámbito del grupo municipal socialista. Un hecho que puede ser constitutivo de delito de infidelidad en la custodia de documentos y tráfico de influencias.
“Son hechos inéditos en nuestro Ayuntamiento y muy graves. Incluso al Alcalde le molesta que que pleno tras pleno le recordemos que hay concejales que, al menos de forma cautelar, no deberían mantener sus competencias y ahí están, gestionando dinero público” señala el Popular “ello solo demuestra la falta de capacidad y liderazgo de Villar para dirigir a su propio equipo y para gobernar una ciudad como la nuestra.
