El Partido Popular denuncia otra irregularidad de la Concejalía de Deportes, al frente de la que se encuentra Guillermo García. Han transcurrido 3 meses desde que debía procederse a la devolución de la concesión del servicio de bar-restaurante de las piscinas municipales y la cantina del campo de fútbol, que continúa prestando servicio sin título jurídico habilitante, y los Populares solicitan una aclaración de estos hechos al Alcalde, Jesús Villar, como responsable máximo de su equipo de gobierno, así como la falta de una nueva licitación cuyos plazos de tramitación son de unos 6 meses, volverá a dejar a los vecinos sin este servicio.
“Es una irregularidad tras otra la que se están cometiendo en este Ayuntamiento por la falta de responsabilidad de quienes están en este “desgobierno” municipal (PSOE-EU) presidido por Jesús Villar, al parecer más preocupados de sus problemas en los juzgados, que de gestionar como se merece San Vicente” afirma el portavoz Popular, Óscar Lillo “
Los Populares en su labor control y fiscalización, han vuelto a encontrarse con trámites administrativos inadecuados. En este caso con el hecho de que el Ayuntamiento no haya procedido a realizar los trámites para que se produzca la devolución de la concesión del servicio de bar-restaurante en instalaciones deportivas municipales, concretamente en las del bar de las piscinas municipales y en la cantina del campo de fútbol. El contrato, iniciado en junio de 2016 para este servicio, vencía a finales de septiembre, tras las correspondientes prórrogas administrativas, y una prórroga extraordinaria otorgada por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. “En los 3 meses transcurridos desde entonces, ni se ha dado respuesta a las alegaciones del adjudicatario al respecto, ni se le ha solicitado la reversión del contrato con la correspondiente inspección y levantamiento del acta requerida para ello” señala Lillo “en estas condiciones, el Ayuntamiento está consintiendo que se realice un servicio sin su autorización, lo que les convierte en responsables de ello”.
El proceso para la última licitación de este contrato duró 8 meses, tras problemas con el anterior adjudicatario por impagos y una primera licitación posterior que quedó desierta. “Con esta irregularidad y sin el inicio de una nueva licitación, que debía haber empezado hace meses y cuyos plazo de tramitación mínimo son de aproximadamente unos 6 meses, por una parte, se está perjudicando tanto al actual adjudicatario que no puede optar a volver a presentarse a la licitación y continuar con la actividad como a otras posibles empresas que puedan optar a la licitación, generando con ello incertidumbre a empresarios y sus trabajadores. Por otro lado, y por segunda vez en 5 años, van a dejar vacante y sin servicio, la prestación de la cantina y del bar-restaurante en las instalaciones deportivas, siendo los verdaderamente perjudicados los vecinos que acudan a ellas a realizar actividades o disfrutar de eventos deportivos”.
Los Populares también solicitaron hace prácticamente un mes, el procedimiento para la tramitación de adjudicación de espacios y ocupación de vía pública al observar otras irregularidades, sin que haya obtenido respuesta hasta la fecha, considerando que todas estas irregularidades como un cúmulo de negligencias en la gestión por parte del equipo de gobierno del alcalde Jesús Villar “que sigue manteniendo en su puesto a Guillermo García, tras ser llamado por el juez como implicado en el caso de los WhatsApp. Y no contento con ello, le premió con una dedicación exclusiva al adjudicarle también del departamento de Contratación y por ende, subirle el sueldo” explica Lillo “por lo que Villar como alcalde es el máximo responsable de todas estas situación irregulares, además de las que recaen directamente sobre su persona como la denuncia por prevaricación interpuesta por el Jefe del Gabinete Jurídico municipal, así como de la dejadez en los servicios y la degradación que está consintiendo, derivada de esta nefasta gestión, en San Vicente”.
La formación Popular, destaca así que no se haya procedido tampoco a realizar una nueva licitación de estos servicios con la suficiente antelación para no dejar a las instalaciones sin los mismo. “Es la forma de hacer las cosas de este equipo de gobierno, la de prorrogar contratos aunque sea de manera forzosa o en este caso incluso permitirla fuera de ley. Forma de trabajar que por ser habitual en Villar y su equipo, no es la correcta” asevera Lillo.