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El Ayuntamiento y la Agencia Valenciana Antifraude organizan el 6 de marzo, una jornada sobre la “Integridad, ética pública y prevención del fraude en la administración local”, para empleados municipales y grupos políticos

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El objetivo es capacitar y sensibilizar a los cargos públicos, concejales, personal eventual y funcionarios con aprendizajes que ayuden a detectar y prevenir el comportamiento poco ético del uso de los fondos públicos y el potencial fraude


El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig organiza, este 6 de marzo, en colaboración con la Agencia Valenciana Antifraude, una jornada sobre la “Integridad, ética pública y prevención del fraude en la administración local”, en cumplimiento del Plan Antifraude y de Integridad Pública aprobado por Decreto nº 6256/2022 de 20 de diciembre y de acuerdo al Protocolo suscrito con la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), que incluye un plan de formación sobre diferentes temáticas en relación con el fraude y la corrupción.

La jornada se realizará de 9:50 a 14:00 horas, y estará dividida en tres ponencias y un taller:  “Políticas públicas de prevención del fraude y la corrupción”, que será impartida por Anselmo Bodoque, jefe del Servicio de Formación de la Agencia Valenciana Antifraude; “Cultura de integridad pública y riesgos de fraude y corrupción en la administración local”, a cargo de la técnica de formación de la AVAF, Pilar Moreno y “El ciclo de la lucha contra la corrupción”, cuya ponente será Marita Oliver, técnica de formación de la AVAF. La jornada finalizará con el taller sobre “Conflicto de interés y debate”, que ofrecerán los y las técnicas de formación de la Agencia Valenciana Antifraude.

El objetivo de la jornada, que se se prevé realizar en la sala de usos múltiples del Centro Social de la calle Cervantes, es capacitar y sensibilizar a los cargos públicos, concejales, personal eventual y funcionarios, que en el ejercicio de sus funciones intervengan en  procedimientos o actuaciones que se puedan ver afectados por el riesgo de fraude y corrupción, para que ayuden a detectar y prevenir el comportamiento poco ético del uso de los fondos públicos y el potencial fraude.