El alcalde anuncia que este avance supondrá “una mejor coordinación de las políticas de vivienda pública entre administraciones, lo que agilizará el proceso”
El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado este mediodía, en Junta de Gobierno, su adhesión al convenio marco de colaboración entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) con el objetivo de impulsar la promoción de viviendas de protección pública en suelo municipal mediante colaboración público-privada.
El alcalde y titular del área municipal de Urbanismo, Pachi Pascual, ha explicado que “este nuevo acuerdo supondrá a partir de ahora una mejor coordinación de las políticas de vivienda pública entre administraciones, lo que facilitará y agilizará todo el proceso desde el inicio, con la cesión de suelo municipal, hasta el final, con la puesta a disposición del ciudadano de las viviendas”.
Los servicios técnicos municipales han avalado la necesidad y oportunidad de formar parte de este acuerdo por un periodo de cuatro años a partir de su firma, prorrogable hasta cuatro ejercicios adicionales. Una vez formalizada la adhesión, el Ayuntamiento suscribirá el correspondiente convenio específico con la Generalitat en el que se expresarán los términos de la colaboración.
Según ha adelantado Pascual, “ese será un segundo paso en el que ya se definirá, entre otras cuestiones, el régimen de cesión del suelo y una descripción detallada de las actuaciones que se quieren llevar a cabo de la mano de la Generalitat, a través de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda”.
El convenio al que se incorporará el Ayuntamiento de San Vicente fue suscrito por la Generalitat y la FVMP el 2 de abril con el propósito de movilizar el suelo público existente en la Comunidad Valenciana para la promoción y construcción de viviendas de protección pública.
El acuerdo aboga por el cumplimiento de la garantía constitucional que establece el disfrute de una vivienda digna y adecuada, una responsabilidad compartida por todos los poderes públicos, incluidos los ayuntamientos, en la que deben primar los criterios de sostenibilidad financiera y la conservación y rehabilitación de la edificación en la promoción y gestión de la vivienda de protección pública.
