La concejala de Urbanismo, Mariló Jordá, ha informado de que el equipo de Gobierno de San Vicente ha decidido desistir del Recurso de Apelación que interpuso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Alicante, que desestimó la aprobación de los Proyectos de Reparcelación y Urbanización del Plan Parcial del sector “Valle del Sabinar”. Este recurso, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia en 2011, hace cinco años, todavía no ha sido resuelto.
En la sentencia, con fecha el 1 de septiembre de 2011, el Juzgado de lo Contencioso aceptó la denuncia de José Juan Beviá e Isabel Leal, entonces concejales del grupo municipal de Esquerra Unida, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de Septiembre de 2008, de aprobación de los Proyectos de Reparcelación y Urbanización del Plan Parcial del sector “Valle del Sabinar”.
El Ayuntamiento de San Vicente es la única parte personada, tanto en la instancia como en la apelación. El desistimiento del recurso no supondrá quebranto económico alguno, ya que la anulación de la reparcelación no supone renuncia al aprovechamiento urbanístico o demás derechos que correspondan al Ayuntamiento, o a la propiedad. Tampoco menoscaba el dominio público.
La aceptación de la sentencia de septiembre de 2011, solo afecta a los proyectos de reparcelación y urbanización, quedando en la actual situación, el Programa de Actuación Integrada y el Plan Parcial.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de San Vicente han informado de forma favorable este desistimiento del recurso de apelación, una acción que se considera ajustada a Derecho. El equipo de Gobierno actual está de acuerdo con el fallo de aquella sentencia que anulaba la decisión de la Junta de Gobierno de septiembre de 2008, tomada cuando gobernaba el PP.
La concejala de Urbanismo ha explicado que el equipo de Gobierno es contrario al proyecto de urbanización de El Sabinar porque invade la Cañada Real y, sobre todo, porque adjudica al ayuntamiento de San Vicente una parcela de terreno calificada como hotelera. “El equipo de gobierno considera que no tiene sentido que dispongamos de esos terrenos que no tienen fin social alguno”. En nuestra opinión, hubiera sido mucho más beneficioso para la ciudadanía que la reparcelación hubiera contemplado un uso residencial para vivienda protegida, y no una parcela de uso terciario hotelera, “sin acreditación del interés público o social”.
