En febrero de 2014, el Consejo de Ministros autorizó la encomienda de gestión de los trabajos para el procedimiento de regularización catastral 2013-2016.
La regularización catastral es competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la dirección General del Catastro y no de ningún ayuntamiento.
El objetivo del Gobierno central es actualizar el Catastro mediante la incorporación de inmuebles y sus alteraciones, que incluyen ampliaciones y rehabilitaciones que no figuren en el mismo. Los trabajos conllevan, entre otros, la regularización de inmuebles, construcciones deportivas y divisiones horizontales, la resolución de errores en el cruce de datos.
La actualización catastral que se está llevando a cabo nada tiene que ver con el Ayuntamiento de San Vicente, aclara Alberto Beviá, concejal de Hacienda. “Esta regulación catastral no depende del ayuntamiento, por lo tanto nadie puede decir que tenemos ningún afán recaudatorio, ya que es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que lo lleva a cabo”.
El concejal de Hacienda manifiesta que se informó a todos los vecinos de San Vicente a través de un edicto, con fecha 11 de abril. En ese edicto, se comunicó que el procedimiento se realiza “de acuerdo con lo establecido en la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con la resolución de la Dirección General del Catastro publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 22 de febrero de 2016”. El edicto se puede consultar en la siguiente dirección web: http://www.raspeig.es/uploads/ficheros/anuncios/descargas/201604/descargas-edicto-n-99-16-gestion-tributaria-es.pdf
Alberto Beviá puntualiza que la descripción de un inmueble inscrito en el Catastro ha de coincidir con la realidad inmobiliaria. “Si el titular catastral no ha declarado o lo ha hecho de manera incorrecta, el Estado tiene la obligación de luchar contra esta modalidad de fraude”.
Para comprobar que coinciden y asignar un valor catastral a un bien inmueble (que nada tiene que ver con que sea legal o ilegal), la Dirección General del Catastro ha autorizado a trabajadores de la empresa Geonet para que obtengan fotografías georreferenciales y toma de datos de construcciones.
Por tanto, estos trabajadores no están contratados por el Ayuntamiento de San Vicente.
Respecto, de los 60 euros que hay que abonar, es un tributo de carácter estatal y no municipal. Por ello, no se puede hablar de “catastrazo”.
