El Partido Popular en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha presentado una moción al pleno en defensa de la educación concertada y para instar a la Generalitat Valenciana a que garantice el derecho de los padres a decidir la educación que quieren para sus hijos. El grupo municipal del PP defiende en esta propuesta un sistema educativo basado en la libertad de elección y en la convivencia entre los centros públicos, concertados y privados.
La moción del PP propone que el arreglo escolar se efectúe después de comprobar la demanda real en los centros con su matriculación, sin sectarismo y sin obligar a las familias a un planteamiento único. La propuesta también defiende los puestos de trabajo de más de 12.000 profesores y el derecho de más de 250.000 alumnos matriculados en centros concertados, a los que el Partido Popular ha mostrado su apoyo en las concentraciones que se han llevado a cabo en las últimas semanas en Alicante, Alcoi y Valencia.
El grupo municipal del PP denuncia que “la Conselleria de Educacion ha paralizado conciertos en centros educativos que tienen alumnos matriculados y ha impedido la creación de aulas de 3 años en centros que siempre han tenido demanda suficiente, y a cuya financiación con fondos públicos tienen derecho, bajo el pretexto de la baja demografía o las vacantes existentes, olvidando el más básico de los derechos: la libertad”.
Menos centros y menos libertad
El Partido Popular de San Vicente explica que en la Comunitat se reduce en más de 18 aulas la oferta de unidades a los centros concertados, con la consiguiente pérdida de empleos, de fondos para el mantenimiento y lo que parece un intento de eliminar el derecho de las familias a elegir el centro educativo al que quieren llevar a sus hijos.
El grupo municipal del PP lamenta que, por primera vez, la Conselleria de Educación haya efectuado un arreglo escolar precipitado, olvidando los derechos de las familias, haciéndose de una forma opaca y sin diálogo con las partes afectadas.
La moción del grupo popular recoge la defensa de un sistema educativo plural, reconocido por la Constitución, las leyes educativas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que la administración debe garantizar el derecho de los padres a poder elegir qué educación quieren para sus hijos, a qué centros y el ideario de los mismos.
