En el pleno celebrado esta tarde en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig se ha aprobado la creación de una comisión especial de investigación, para analizar los hechos relacionados con la contratación del servicio de talleres, cursos o charlas en centros docentes llevada a cabo por la edil Isalia Gutiérrez a la empresa Psiconox y que motivaron que se le retiraran sus competencias como concejala de Sanidad, Consumo y Ocupación de la Vía Pública el 6 de mayo pasado. La comisión estará presidida por el alcalde Jesús Villar y estará integrada por ocho miembros, ninguno de los cuales cobrará cantidad alguna por asistir. Celebrará su primera reunión en el plazo máximo de 15 días. De las conclusiones, dará cuenta al Pleno de la Corporación, en su sesión ordinaria del mes de julio.
En este pleno ordinario de mayo, también se ha aprobado el convenio de gestión para rehabilitar los bloques 24 y 25 del barrio Santa Isabel. Una vez el documento sea ratificado por la Conselleria de Vivienda, el ayuntamiento puede iniciar la contratación de las obras que han de comenzar antes de que finalice el año. La renovación se centrará en los elementos estructurales de las fincas, voladizos y cajas de escalera. La inversión total es de 868.000 euros, de los que el Ministerio de Fomento aportará 304.00 euros; la Conselleria de Vivienda, 169.00 euros, y el Ayuntamiento de San Vicente, 395.000 euros. Se trata de una subvención de concesión directa a las comunidades de propietarios de ambos edificios y que se incluye en el programa autonómico de Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRUS).
Asimismo ha salido adelante la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por la prestación del servicio de enseñanza en el Conservatorio Profesional de Música y en el Conservatorio Elemental de Danza. Por un lado, por recomendación de la Interventora Municipal, se suprimen las ayudas a la matriculación y a las cuotas mensuales que pagan los estudiantes empadronados en San Vicente. Y, por otro, se destinan 49.000 euros para subvencionar los estudios de música o danza en los conservatorios municipales.
También se ha dado cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la que desestima el recurso de apelación del constructor Enrique Ortiz, por el que reclamaba 4.400.000 euros al Ayuntamiento de San Vicente por la explotación del aparcamiento subterráneo del consistorio. En primera instancia, en enero de 2015, el Juzgado de lo Contencioso 2 ya desestimó dicho recurso.
