El pleno del Ayuntamiento de San Vicente ha desestimado la alegación realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la sesión extraordinaria celebrada esta mañana. Así, se ha aprobado de manera definitiva el Presupuesto Municipal para el año 2017 que asciende a 38.437.510 euros.
El sindicato planteó la necesidad de impugnar las cuentas aprobadas en el pleno del mes de noviembre, por no incluir las dotaciones presupuestarias para hacer frente al coste de implantar la carrera profesional horizontal y de recuperar las aportaciones del ayuntamiento al Plan de Pensiones de Empleo de los Empleados y Empleadas Municipales.
El concejal de Hacienda, Alberto Beviá, ha explicado que se desestima la reclamación del CSIF porque su contenido “dado los acuerdos adoptados con los trabajadores municipales, no constituyen obligaciones exigibles legalmente ya que no han sido reconocida como tales según el procedimiento regulado en los artículos 58 y 59 del Real Decreto 500/1990, ni resultan de una sentencia judicial firme”. “Además, tal y como se expone en la propia alegación, las retribuciones del personal del ayuntamiento están sometidas a las limitaciones que las leyes de Presupuestos Generales del Estado establezcan para cada ejercicio”, ha añadido.
Han votado a favor los concejales del Equipo de Gobierno y la edil perteneciente al grupo de no adscritos. Se han abstenido los grupos municipales del Partido Popular y de Ciudadanos.
Tras la aprobación definitiva, las cuentas municipales para este año reflejan que el capítulo de Ingresos aumenta un 5,58%, hasta alcanzar los 38.437.510 euros. Los Gastos se incrementan en un 10,80% hasta igualar la misma cantidad.
Beviá ha resaltado “el buen estado de las cuentas municipales” y ha afirmado que el Presupuesto de 2017 atiende las necesidades de las personas y familias de San Vicente, porque “la prioridad sigue siendo las personas”.
Así, se incrementa en un 3,80% la política de gasto para Servicios Sociales y Promoción Social, cuyo presupuesto asciende a 2.261.680 euros. También se da prioridad a las políticas para crear ocupación, de manera que la política de gasto basada en el fomento del empleo crece un 58% respecto a 2016.
