En la sesión plenaria de hoy miércoles, en el área de Gestión Tributaria se ha aprobado de manera provisional la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Mediante esta modificación, por segundo año consecutivo el Equipo de Gobierno congela este impuesto, de manera que los vecinos de San Vicente pagarán la misma cantidad que el pasado año. Todos los grupos muncipales han votado a favor, excepto el PP y Ciudadanos que se han abstenido.
El concejal de Hacienda, Alberto Beviá, explica que el Gobierno central ha establecido en un 4% el coeficiente de actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos para 2017. “Para que los ciudadanos no vean aumentado el recibo, el Equipo de Gobierno ha decidido reducir el tipo impositivo en el mismo porcentaje”, dijo.
Otro de los puntos aprobados en esta sesión ordinaria correspondiente a enero, ha sido la modificación de un párrafo del acuerdo plenario de 27 de julio de 2016, relativo al contencioso-administrativo con la constructora Enrique Ortiz e hijos Contratista de Obras SA. Mediante esta modificación el Ayuntamiento de San Vicente abonará a la promotora 636.307 euros, en concepto de revisión de precios por la construcción del edificio consistorial. Una cantidad que el Ayuntamiento va a adelantar por orden judicial, pero que el mes de diciembre pasado reclamó a la Conselleria de Infraestructuras y Territorio, que es el organismo al que le corresponde abonar dicha cantidad, ya que en su día pagó íntegramente la construcción del edificio nuevo ayuntamiento.
Toma de posesión
Al inicio de la sesión plenaria, ha tomado posesión Juan Manuel Marín Muñoz, concejal electo por la candidatura de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, en sustitución de Serafín Serrano, que causó baja a petición propia. El nuevo edil entra a formar parte del Grupo de los no adscritos.
Mociones
Asimismo se han aprobado varias mociones: Sobre la Ley de Régimen Local y Modificaciones legales respecto al techo de gasto y la tasa de reposición; otra que promueve la reforma de la Constitución para proteger el Sistema Público de Pensiones, y otra en demanda del servicio ferroviario de cercanías de la línea C-3, mediante la cual se reivindica ante el Ministerio de Fomento y la Conselleria de Vivienda que inicien el proceso de ampliación de la línea C-3 entre Alicante y Villena, tal y como recoge el «Plan de Infraestructuras ferroviarias de Cercanías para la Comunidad Valenciana» presentado en 2010.
