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Podemos San Vicente presiona al PSOE para cambiar el modelo de financiación autonómico

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La financiación efectiva por valenciano/a es de 2.226 euros frente a la media estatal, situada en 2.427; un 8,65% mayor.

Podemos San Vicente  exige al Partido Socialista del municipio que pelee por un nuevo modelo de financiación para la Comunidad Valenciana que garantice recursos suficientes para cubrir servicios públicos fundamentales como la dependencia, vivienda, educación o ayudas a personas desempleadas.

Desde la formación morada aseguran que no es suficiente con que como dice el Presidente Ximo Puig el gobierno central tenga otra actitud. “Lo cierto es que ahora mismo tenemos, en lo tangible y en las declaraciones de intenciones, lo mismo que con el PP: ningún compromiso y declaraciones contradictorias. El gobierno de Sánchez todavía tiene que demostrar que se cree la urgencia de reformar el modelo de financiación autonómico”, ha declarado Antonio Estañ, Secretario General de Podem País Valencià.

Asimismo han señalado que la infrafinanciación es un problema fundamental para el sostenimiento de los hospitales, las escuelas o el cuidado de nuestros mayores. Es un problema social que afecta a todos y todas y es funcional a un modelo de recentralización del país.

Según el informe del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), “el gasto en protección social por habitante de la Comunitat Valenciana sigue siendo muy inferior al promedio de las CC.AA. La discriminación financiera que padece la Comunitat condiciona su nivel de gasto social y el despliegue de las prestaciones de apoyo a la dependencia durante la última década, siendo estas menores que en el resto de comunidades”.

Dicho informe añade que “pese a que las necesidades no son menos intensas que en otros lugares, el gasto en protección social por habitante -o por habitante con 65 o más años- de las administraciones territoriales (comunidades autónomas y corporaciones locales), en términos de contabilidad nacional, apenas supera en la Comunitad Valenciana el 73% de la media española. Una diferencia tan importante, de más del 26%, resulta incompatible con un nivel de prestación de estos servicios similar al de las restantes comunidades”.