El alcalde de San Vicente, Jesús Villar, ha reclamado hoy, en una jornada sobre la nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana, que se permita ampliar la plantilla en este municipio para que ésta sea proporcional al número de habitantes. San Vicente está muy por debajo de las ratios que marca la Unión Europea en este sentido.
Villar ha hecho de anfitrión en una jornada de debate sobre la Policía Local en la Comunidad Valenciana organizada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat, en la que han participado el director de Seguridad y Emergencias, José María Ángel Batalla; el director territorial del Consell en Alicante, Esteban Vallejo, los alcaldes y alcaldesas Aspe, Xixona, Guardamar, Ondara, Pego, Agost, Banyeres, Beneixama, Benisa, Dolores y Cox, cargos de la Generalitat Valenciana, jefes y oficiales de las policías locales de ayuntamientos de la provincia, representantes sindicales y técnicos municipales. En total 120 personas.
San Vicente ha crecido mucho en los últimos años pero ese aumento poblacional no ha ido acompasado de un incremento de la plantilla de la Policía Local. No hay que mirar muy lejos para comprobar que ciudades como Elda, con menos habitantes que San Vicente, o Alcoy, con apenas un millar más, cuentan en sus plantillas con al menos 30 agentes más que San Vicente. Así lo ha hecho constar el alcalde quien, además, ha lamentado las “restricciones ministeriales con la tasa de reposición”. Villar ha reclamado que los puestos de los agentes en segunda actividad se puedan cubrir y ha valorado de forma muy positiva el fomento de convenios entre Ayuntamientos en materia de Policía Local.
El alcalde ha agradecido a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que haya elegido San Vicente para llevar a cabo “este interesante y necesario debate de coordinación y mejora de nuestras policías locales”.
En concreto, la Ley 7/2017 de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana es sensible a las demandas profesionales y recoge la necesidad de modificar el acceso a la función pública de las policías locales. Hay una apuesta importante por la promoción profesional y por acabar con la inestabilidad laboral de un elevado número de agentes en situación de interinidad. Una situación que trae causa, por un lado, de la necesidad de atender sin demora la prestación ordinaria del servicio y, por otro, de la imposibilidad de incluir las vacantes de modo regular en las ofertas de empleo público debido a las restricciones en la tasa de reposición de efectivos recogidas en las leyes de presupuestos anuales.
Esta ley aborda de forma directa dos situaciones coyunturales que las policías locales deberán afrontar en un breve espacio de tiempo. En primer lugar, un proceso de consolidación de los funcionarios interinos, estableciendo un proceso de consolidación que acabe con la precarización laboral instaurada en la última década. En segundo lugar, la previsión ante la inminente regulación de la jubilación anticipada de los miembros de los cuerpos de las policías locales que está tramitando el gobierno del Estado, con la apuesta por la eliminación definitiva del personal interino en las plantillas de las policías locales valencianas.
