La Junta de Gobierno desestimó ayer la petición de Enrique Ortiz e Hijos S.A. para suspender el acuerdo que este mismo órgano adoptó el pasado 30 de junio por el que la mercantil debe hacer frente al pago de 1.918.000 euros como saldo resultante de la liquidación del contrato de la concesión del aparcamiento situado bajo el edificio del ayuntamiento, gestión a la que renunció de forma unilateral en enero de 2014.
La mercantil basa su petición en el hecho de que no existe perjuicio para el interés público, que el pago de la indemnización supondría unos daños de difícil o imposible reparación para la empresa y que no existe una ordenanza municipal que le obligue a efectuar el pago. La concejala de Contratación, Mª Auxiliadora Zambrana, ha explicado que los argumentos expuestos por Enrique Ortiz no se corresponden con la realidad ya que el ayuntamiento ha tenido que asumir la gestión de este servicio, obligándole a la asignación de recursos económicos y humanos. La edil ha dicho que tampoco ha demostrado objetivamente mediante documentación que lo acredite que el pago de la indemnización le vaya a suponer un perjuicio del que la empresa no pueda sobreponerse. Además, ha añadido la concejala, no es legalmente necesaria una norma municipal que le obligue a indemnizar al ayuntamiento. Por esta razón, el ayuntamiento ha denegado la suspensión que pide la empresa.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana confirmó en mayo la resolución del contrato y la obligación que tiene la empresa de Enrique Ortiz de indemnizar al Ayuntamiento de San Vicente por los daños y perjuicios ocasionados. El consistorio calculó la cantidad correspondiente a la compensación que se concretó en 2.050.000 euros. Una vez descontada la garantía de 132.000 euros, la liquidación definitiva de la concesión quedó finalmente en 1.918.000 euros. Esta liquidación, que incluye el pago de la construcción del estacionamiento, se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno de diciembre.
Cabe recordar que en el Pleno de febrero se aprobó la prohibición de contratar con la empresa «Enrique Ortiz e Hijos, contratista de obras S.A.» por dos años.
