La ley de “libertad educativa” aprobada por el gobierno valenciano de PP-VOX nos están dejando medidas que perjudica, única y exclusivamente, a la educación pública. Bajo el pretexto de “libertad de elección” de las familias, la extrema derecha y la derecha más extrema del País Valencià pretende segregar las escuelas con la aprobación del distrito único, recortar el número de docentes, menospreciar la lengua valenciana y eliminar 206 aulas en el País Valencià.
Este ataque directo hacia la educación pública por parte del Conseller de Educación, el sanvicentero José Antonio Rovira Jover, es inadmisible. Por ello, Esquerra Unida Raspeig “se sumará y apoyará todas reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic, así como su convocatoria de huelga programada para el próximo 23 de mayo”, explica Luis Bosch, coordinador local.
“Las leyes Rovira han supuesto un retroceso en todo lo avanzado. De hecho, el distrito único supondrá la segregación de las escuelas públicas en beneficio de las concertadas”, añade Bosch. Según la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic la eliminación de las zonas escolares en la admisión de los alumnos va en contra de la libertad de elección de las familias y solo favorece la selección de los alumnos y de las familias de determinados centros educativos concertados.
Este tipo de medidas crearán escuelas segregadas en función de las posibilidades económicas y por consiguiente, se formarán centros de tipos A y los centros de tipos B; incumpliendo el principio de la igualdad de oportunidades. “Y no podemos permitir que esto ocurra en la Educación Pública”, señala Begoña Monllor, responsable de educación de EU Raspeig.
“Otra de las medidas anunciadas por el conseller ha sido la eliminación de aulas en las escuelas bajo el pretexto de la baja natalidad”, añade Monllor. “El Conseller se está equivocando suprimiendo unidades, ya que el camino que se debe seguir es el de bajar la ratio de alumnos y alumnas por aulas, por lo que el bajo índice de natalidad es una oportunidad para trabajar en esta línea”. “Además, la pérdida de estas unidades supone un recorte en docentes, sobre todo de apoyo, por lo que habrá menos medios para atender al alumnado de la escuelas públicas. Los servicios públicos no puede tener beneficios económicos, los estudiantes y los docentes no son un gasto, y la derecha esto no lo comparte ”, concluye
