El Psoe y su socio de Izquierda Unida, pretenden hacer responsable a la oposición de su mala gestión con respecto al contrato de limpieza de edificios municipales.
Hoy se ha celebrado un Pleno Extraordinario para aprobar el levantamiento del reparo del la tercera prórroga fuera de contrato, del servicio de limpieza de edificios municipales que dejaría sin limpieza a colegios, instalaciones deportivas y dependencia municipales a partir del próximo diecisite de noviembre. “El contrato concluyó en noviembre de 2016, momento en el que se debían haber puesto ya a trabajar en el siguiente. Se realizaron las dos prórrogas que figuraban en contrato, lo que nos lleva a noviembre de 2018. Desde entonces se han hecho dos prórrogas más fuera de contrato, por Decreto del Alcalde, y en esta tercera pretenden que seamos cómplices de sus irregularidades, de su gestión mal planificada y de su nula capacidad de mantener servicios imprescindible” manifiesta Óscar Lillo, Portavoz del Partido Popular en San Vicente.
“Nos han acusado de alarmismo, por evidenciar en los medios su mala gestión y ahora quieren nuestro apoyo, chantajeándonos con el hecho de que los trabajadores se pueden quedar en la calle y los colegios sin limpieza. Ese es un hecho que Psoe y sus socios conocen desde hace tres años. Que vienen gestionando de forma irregular y por decreto desde hace uno, y que además, puede conllevar potenciar consecuencias jurídicas a quienes lo apoyen” afirma Lillo.
Con los informes en contra de intervención, secretaría y contratación, el equipo de gobierno aprueba la tercera prórroga fuera de contrato, sin saber a ciencia cierta si la empresa adjudicataria, que mostró su rechazo a continuar en las mismas condiciones económicas el pasado octubre, va a aceptar la obligación de continuar hasta que se adjudique la nueva licitación. “Es preocupante que en las comisiones informativas el alcalde dijo que había un acuerdo verbal con la empresa para que continuara el servicio. Y hoy, en el Pleno, ha manifestado que simplemente se ha mantenido una conversación y no existe ese acuerdo con la misma. Tampoco ha confirmado que el próximo día diecisiete la empresa preste sus servicios. Entendemos que de no hacerlo, ello supone la pérdida de casi un centenar de empleos y de los consiguiente problemas de salubridad en todos los edificios públicos, pero no podemos votar a favor, ni abstenernos, mirando hacia otro lado, ante una propuesta que no se ajusta a la Ley” concluye Lillo.
