La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento europeo, Marina Albiol, tras una apretada jornada de trabajo, en la que se ha reunido con la Asociación de Enfermos por Amianto y con la Plataforma Stop Desahucios Raspeig, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que estaba acompañada por el Coordinador Local de EU Sant Vicent, Alberto Beviá, y por la portavoz del Grupo Municipal Guanyar Sant Vicent, Mariló Jordá.
Marina Albiol se ha comprometido a respaldar en Bruselas las acciones en apoyo a la ley estatal de vivienda social que impulsa la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), como respuesta ante el bloqueo a que está sometiendo el gobierno central a las diferentes legislaciones en materia de acceso social a la vivienda que ponen en marcha los gobiernos autonómicos.
“Nos hemos puesto a disposición de la PAH y estamos organizando un encuentro en Bruselas, en el Parlamento Europeo, para apoyar su propuesta de ley estatal. El acceso a la vivienda es uno de los derechos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en estos momentos, se está vulnerando en el Estado español, por tanto, entendemos que el Parlamento Europeo es el espacio adecuado para presentar esta ley estatal. No debemos olvidar que la Comisión Europea ha anunciado que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado correctamente en su ordenamiento jurídico las normas europeas sobre créditos hipotecarios diseñadas para mejorar la protección de los consumidores”.
Respecto a la reunión mantenida con la Asociación de Enfermos por Amianto, Albiol ha explicado que les ha propuesto trabajar los dos aspectos del problema. Por un lado, apoyar las reivindicaciones de los afectados por asbestosis y mesotelioma, muchos de ellos ya fallecidos; personas que enfermaron, bien por ser extrabajadores de la fábrica de Fibrotubos San Vicente o sus familiares, o bien por cercanía a la fábrica o a los solares contaminados. Por otra parte, abordar la problemática de los restos de amianto todavía presentes en la antigua fábrica y en otros edificios públicos o privados del municipio. Según ha comunicado la Asociación, en la provincia de Alicante todavía quedan 46 colegios públicos que disponen de instalaciones fabricadas con amianto. En palabras de Albiol, “entendemos que hay toda una legislación europea que no se está cumpliendo por parte del Estado español, como la Directiva 2009 sobre protección de los trabajadores con exposición al amianto, la Decisión europea 2000 sobre la lista de residuos peligrosos, donde se incluye el amianto, la Directiva 1999 de vertido de residuos, la Resolución de 2013 que recoge la necesidad de la eliminación del amianto y la Directiva 2003 que habla de enfermedades profesionales. Por tanto, hay mucha legislación europea sobre la cuestión del amianto que el Estado español está vulnerando”.
La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento europeo ha manifestado su compromiso con la Asociación para trabajar conjuntamente. “Por un lado, vamos a presentar una serie de preguntas a la Comisión Europea, para conocer el grado de cumplimiento de la legislación por parte del Estado español, y por otro, formularemos la necesidad de establecer una línea de subvenciones y ayudas europeas para la retirada del amianto, tanto de edificios públicos como privados. Además, presentaremos una petición al Parlamento Europeo, que traslade las reivindicaciones y necesidades de la Asociación. De hecho, hemos instado a los miembros de la Asociación para que vengan a Bruselas a la presentación de la petición y a conocer a otros eurodiputados de países europeos que están aplicando mucho mejor la legislación europea en esta materia”.
En cuanto a la situación urbanística de los terrenos donde en su día estuvo situada la fábrica Fibrotubos San Vicente, la concejala de Urbanismo, Mariló Jordá, ha confirmado al presidente de la asociación de Afectados por el Amianto que “el Ayuntamiento va a revisar la ordenación de esos suelos, incluidos en unidades de ejecución que contemplaban la construcción de casi trescientas viviendas, dada la peligrosidad para la salud que puede suponer realizar movimientos de tierras”. Asimismo, ha señalado que actualmente, no existe ninguna perspectiva de que se vaya a construir, ya que los terrenos están embargados.
Además, Jordá se ha comprometido con los representantes de la Asociación a sellar el vial que cruza los terrenos, donde se aprecia en los taludes fragmentos de cemento mezclado con amianto.
