Los Populares de San Vicente, han concentrado principalmente sus intervenciones del Pleno de abril, en la realización de forma oral y directamente al Alcalde, de las diez preguntas a las que tienen derecho. Todas ellas en relación a la falta de coherencia en las declaraciones y decisiones tomadas por el primer edil antes la crítica situación municipal, provocada por su propio grupo Socialista, así como a los cambios del criterio a la hora de votar en pleno, sin argumentación alguna, de éstos últimos.
Las cuestiones planteadas por los Populares al alcalde, han hecho referencia a la falta de condena del grupo municipal socialista antes las descalificaciones vertidas por concejales del propio grupo a trabajadores municipales, a su conocimiento de los grupos de whatsapp y su contenido, a la confianza depositada en estos mismos concejales, a los que días antes había pedido la dimisión, y a los que finalmente ha otorgado públicamente “el perdón”, reestructurando otra vez su equipo con ellos y delegándoles nuevas concejalías, etc. “Preguntas a las que el Alcalde ha contestado evitando responder de forma concreta y eludiendo en todo momento las responsabilidades que le corresponden en función a su cargo al frente del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig” explica el Portavoz Popular, Óscar Lillo “sorprendente nos ha parecido también la postura del grupo municipal, hoy sumisos al Alcalde y sin pronunciarse en ningún momento, sin condenar los hechos ocurridos y sin dejar las actas. Han perdido una oportunidad única para pedir disculpas públicamente. La portavoz Pilar Alcolea se estrena con el silencio por bandera”
El punto de la discordia
El sometimiento a información pública de la 38ª modificación puntual del Plan General y la 3ª modificación del Plan Parcial Pau 1 La Almazara, planteada al pleno de marzo por el Concejal de Urbanismo, y a su vez Alcalde, Jesús Villar, y que supuso el “punto de la discordia” con su propio grupo municipal, que presentó una enmienda al mismo y en la que votaron de forma diferente al Alcalde y otra de las Concejales, evidenciando la ruptura del grupo, se ha vuelto a presentar al pleno de abril. “Esperamos que ningún concejal socialista se ofenda si consideramos que han hecho que se pierda un mes en la gestión local” afirma Lillo “y han dejado claro que lo importante y motivo de la discordia, entre el Alcalde y los ocho concejales “díscolos”, no era la diferencia de 250 metros de distancia entre la propuesta urbanística del primero, y la que proponían en su enmienda los segundos, sino que realmente radicaba todo en un pulso por el liderazgo o poder en el grupo, que al parecer el Alcalde solo consideraba que le disputaban José Luis Lorenzo y Jesús Arenas, ahora dimitidos”.
“La incoherencia parece ser la hoja de ruta a seguir por los Socialistas, a los que no les importa cambiar de criterio en cuanto votos, opiniones o decisiones a conveniencia del momento en que tengan que emitirlos, formularlas o tomarlas” evidencia el Portavoz “ni si quiera tienen la deferencia hacia la oposición y los vecinos de nuestra localidad, de argumentar sus cambios de criterio a la hora cambiar el sentido del voto por parte de unos, o de hacer borrón y cuenta nueva por parte del Alcalde, como si aquí no hubiera pasado nada. Penosa imagen la que se está dando de nuestra ciudad”.
Ante esta situación, y la falta de actuación y decisiones por el máximo responsable municipal, el Partido Popular Provincial, ha decidido tomar cartas en el asunto, instando a la Fiscalía a que investigue de oficio todos los hechos ocurridos y que se desprenden de las publicaciones en prensa, de forma especial en lo referente a las filtraciones de documentación y conversaciones que hacen referencia a temas de contratación.
Repercusión en la gestión municipal
Dos puntos, entre los escasos a tratar en el apartado resolutivo del pleno de abril, son un claro ejemplo de esta ineficiente forma de trabajar del equipo de gobierno formado por PSOE e Izquierda Unida; el primero la modificación del importe global de gratificaciones a pagar principalmente a la Policía Local, provocado principalmente por la falta de los efectivos necesarios para cubrir servicios y cuya plazas, a pesar de estar aprobada, siguen sin convocarse; y el segundo, la adjudicación del contrato de transporte público, que traen a pleno dos días antes del vencimiento de una prórroga que ya se tuvo que realizar por decreto y teniendo que levantar un reparo en contra de intervención el propio Jesús Villar, y que a pesar de ser aprobada hoy su adjudicación, tendrán que prorrogar de nuevo por falta de previsión y planificación.
Todo ello repercute en la actual parálisis y “desgobierno” del Ayuntamiento de San Vicente, un fiel reflejo de lo que se puede deducir de las conversaciones que aparecen en los whatsapp hechos públicos en los medios de comunicación, y situación que el Partido Popular lleva denunciando desde el inicio de este mandato en septiembre de 2019.
