El PP evidencia que la Junta de Gobierno del pasado 5 de diciembre aprobó pagar casi 10.000 euros más de lo presupuestado, para realizar las obras que se realizaron en el Auditorio el pasado. Por el contrario, aún no se ha cobrado a la empresa adjudicataria por el retraso en la finalización de las obras.
El portavoz del Partido Popular, Óscar Lillo afirma que “nos sorprende que transcurrido un año desde que se firmó el acta de recepción de la obra, se haya aprobado recientemente el pago del sobrecoste que han supuesto finalmente la misma, y sin embargo aún esté pendiente de realizar el informe preceptivo para iniciar el procedimiento de reclamar a la empresa adjudicataria, la sanción por retraso en ejecución de las obras, que según el pliego de condiciones asciende a 500 euros por día de retraso”.
El edil popular, Cristian Gil, pregunto en el último Pleno al concejal de Urbanismo, y a su vez alcalde de San Vicente, Jesús Villar, sobre el estado en que se encontraba el procedimiento sancionador, respondiendo éste que aún no se ha emitido ningún informe al respecto.
“Se trata por tanto de unas obras mal ejecutadas, con deficiencias que tuvieron que ser subsanadas y con retrasos que provocaron perjuicios a multitud de asociaciones y colectivos, mientras los concejales del entonces tripartito, responsables de las concejalías de Urbanismo (IU), Contratación (Psoe) y Cultura (Compromís), se echaban las culpas unos a otros por estos retrasos. Ahora, el Ayuntamiento, lejos de reclamar la correspondiente sanción según establece el pliego de condiciones, tiene que pagar un sobrecoste” critica el portavoz popular, a lo que añade “pedimos al alcalde, que agilice los trámites y no deje prescribir la sanción que se deba imponer a la empresa adjudicataria, por no tramitar los informes oportunos”.
Las obras de remodelación para adaptar el Auditorio a la normativa de incendio, al reglamento de baja tensión y a la renovación de la climatización, suscitaron controversia desde su mismo inicio, al quedar desierto su proceso de licitación, posteriormente subsanado con la aceptación de las alegaciones de la única empresa que se presentó al concurso. Le siguieron tres meses en los que permaneció el Auditorio cerrado y sin obras, hasta que a principios de 2018, finalmente se empezaron las obras con un plazo de ejecución de tres meses, lo que llevó a todas las entidades culturales y festeras, usuarias habituales del edificio, a tener que trasladar el lugar de celebración de su actos. Circunstancia que se extendió en el tiempo al incumplirse el plazo de tres meses de ejecución de obra, teniendo que firmar el Ayuntamiento, a mediados del mes del mes de mayo, junto a la empresa y a la dirección de los trabajos, un acta de ocupación anticipada para que se pudieran realizar las últimas presentaciones fogueriles. No fue hasta el 17 de septiembre de pasado año cuando finalmente se recepcionó la obra, no exenta de observaciones por parte de intervención y de la dirección de obras, pendientes de subsanar por parte de la empresa adjudicataria.
La entonces concejal de Urbanismo, aseguró que la empresa se haría cargo de los gastos de alquiler, sonido e iluminación que supusiera esos cambios de ubicación, así como que se analizaría desde contratación la sanción correspondiente, que figuraba en el pliego, por incumplimiento de plazos.
