Esta es la lamentable imagen que el Partido Popular considera que ofrece el Equipo de Gobierno de San Vicente del Raspeig, encabezado por el alcalde, Jesús Villar, ante los continuos cambios de pensar, difundir y proceder en los últimos días con respecto al extinto y prorrogado contrato de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria, así como su nueva, recurrida y fallida licitación. Así lo demuestra la imagen de los trabajadores de la actual empresa adjudicataria concentrados a las puertas del Ayuntamiento y llenando posteriormente el salón de plenos.
“El temor a la huelga de trabajadores en plenas Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos y la presencia de los empleados en en salón de plenos ayer, parece ser lo que ha hecho que hizo que se retirara la aprobación del antiguo pliego de este contrato del orden del día” a lo que añade “lo que aún no tenemos claro, porque se le preguntó en dos ocasiones ayer a Jesús Villar durante el pleno, y sus respuestas son vagas, confusas y como coloquialmente se dice “tirando balones fuera” en cuanto qué va a pasar con la licitación del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria”.
El Portavoz Popular, Óscar Lillo, manifiesta su perplejidad ante las publicaciones y hechos en los últimos días “a principios de año, el Alcalde manifiesta en prensa su voluntad de hacer un nuevo pliego para el contrato que se ajuste a los precios y necesidades de San Vicente en 2022. Hace unos días lo reitera en una nota de prensa, dejando entrever que es la concejal del área la que no quiere un nuevo pliego, pero ésta a su vez envía a los medios un comunicado diciendo que ella sí quiere un pliego nuevo, porque al licitar el anterior puede ser recurrido de nuevo, además de suponer otros perjuicios para el Ayuntamiento. Y en un debate en Radio San Vicente la pasada semana, la portavoz del PSOE, Asun París, dice que la propuesta con el pliego ya licitado con los precios y condiciones de 2019, es la que ha decidido presentar el equipo de gobierno, con el visto bueno del alcalde” explica el portavoz “por lo tanto la pregunta radica en, de quién era la voluntad de presentar a pleno esta propuesta, y quién es realmente quién gobierna en el Ayuntamiento, porque está visto que el alcalde no. Esperemos que en algún momento se aclaren ellos, y consigan explicarlo a los vecinos de San Vicente, entre los que nos encontramos, y que no entendemos que el Alcalde de San Vicente, de forma reiterada en varios asuntos ya, diga unas cosas, y después haga otras”.
“El proceso de este contrato de recogida de residuos y limpieza viaria es digno ya de guion de serie para las mejores plataformas digitales” afirma el portavoz Popular, Óscar Lillo “y los contradictorios argumentos del Alcalde, la concejal del área, Pilar Alcolea y los portavoces de los partidos que apoyan su proceder, aún admitiendo en medios que el pliego que pretendían aprobar no es el más adecuado para San Vicente, así lo reflejan. Sería todo un éxito de audiencia, pero la realidad es que significa un gran fracaso en cuanto al resultado para la evidente dejadez y suciedad que abarca a la localidad, el deficiente servicio que se está prestando y las consecuencias para los trabajadores de la actual o futuras empresas adjudicatarias del mismo.”
El contrato de basura vigente data de 2012
La cronología del contrato se remonta al año 2012, fecha en la que se adjudicó el contrato que sigue vigente y prorrogado en la actualidad. “Los contratos tienen una fecha de caducidad desde el mismo momento en que se adjudican. La caducidad de este contrato era junio de 2020, un dato que conocía perfectamente el Alcalde, Jesús Villar en el momento en tomar posesión de su cargo” señala Lillo “pero a fecha de su vencimiento, casi seis años después de la toma de posesión del Alcalde y su equipo, no habían hecho su trabajo y el nuevo contrato no estaba preparado para ser licitado”. En estos momentos el equipo de gobierno aprobó en pleno una prórroga de un año “que han vuelto a malgastar hasta en tres ocasiones, pues vamos por la tercera prorroga forzosa, a las que hay que sumar el hecho de que la empresa adjudicataria estaba en contra desde la primera, pero por necesidades del servicio debe seguir prestandolo hasta noviembre de 2022. Prestación que conlleva a su vez, sucesivas revisiones de precios, la última ha costado a las arcas municipales unos 30.000 euros más, así como de los procesos judiciales interpuestos por la empresa al Ayuntamiento por esta situación forzosa”.
En 2021 se licitó y adjudicó una nueva licitación, que recayó en la misma empresa que viene prestando el servicio desde 2012, pero un problema en el proceso hizo que las empresas que se quedaron fuera recurrieran el resultado y el juzgado les diera la razón. “Así que en el pleno de ayer se pretendía volver a presentar esa misma licitación con precios y necesidades del momento en que se empezó el expediente en 2019, sin actualización ni mejoras por el paso del tiempo” explica Lillo “algo que perjudica a los trabajadores por una parte, y a los vecinos de San Vicente por otra, pues son los receptores de un servicio ya precario de entrada, que hipotecaría el servicio y la imagen de San Vicente para los próximos ocho años”.
