El ministerio de Hacienda podría extender la prohibición a todo el sector público.
El ayuntamiento de San Vicente ha desestimado las alegaciones presentadas por Enrique Ortiz contra el expediente iniciado por el equipo de Gobierno para prohibir contratar con el consistorio. Sendos informes municipales rechazan las alegaciones y califican de “grave perjuicio al interés público”, la decisión unilateral del constructor alicantino de abandonar la explotación del aparcamiento del ayuntamiento de manera unilateral.
Aunque la duración máxima es de tres años, en la comisión informativa celebrada al medio día de hoy martes se ha aprobado inicialmente que la prohibición de contratar con la emrpesa «Enrique Ortiz e Hijos, contratista de obras S.A.» sea por dos años, de manera que se guarda la “debida proporcionalidad”. Para el cálculo de tiempo se ha tenido en cuenta “la magnitud del perjuicio causado a los intereses públicos”, que es “importante y cuantioso”. El informe del Economista municipal lo cifra en cinco millones de euros (5.004.359 euros).
La desestimación de las alegaciones del constructor alicantino y la prohibición de contratación se llevarán al pleno ordinario de febrero que será el próximo día 24. Una vez aprobado, el ayuntamiento notificará su decisión a la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Conselleria de Hacienda y Modelo Productivo, para que la prohibición se inscriba en el registro correspondiente. También se notificará a la Junta Consultiva de Contratación de la Administración del Estado, órgano competente para proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dicha prohibición se pudiera extender a todo el sector público (art. 61 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
El promotor Enrique Ortiz construyó el aparcamiento en los bajos del nuevo ayuntamiento a cambio de gestionarlo durante 35 años. La explotación se inició en 2008. En 2013, el ayuntamiento rechazó la reclamación de Enrique Ortiz para que le compensara con 4.400.000 euros por las supuestas pérdidas en la gestión del aparcamiento. En 2014 renuncia a la explotación y lleva la reclamación de dicha cantidad a los tribunales, con el argumento de que el ayuntamiento era el responsable de los malos resultados económicos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Alicante desestimó su recurso “pues no puede la mercantil exigir el pago de una cantidad para restablecer el equilibrio económico de un contrato que no existe”.
El acuerdo de resolución del contrato lo llevó también a los tribunales. Tanto el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana como el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 fallaron en contra de Enrique Ortiz porque “nos hallamos ante una decisión de resolución contractual y unilateral, no producida ni deseada por el Ayuntamiento de San Vicente”.
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
La corporación municipal, reunida en pleno el 21 de diciembre de 2015, aprobó la liquidación definitiva del contrato de concesión obra pública del aparcamiento. La resolución de la concesión conlleva la indemnización a la administración por los daños y perjuicios ocasionados, que se concreta en la cantidad de 2.050.000 euros. Descontada la garantía de 132.000 euros, la liquidación definitiva de la concesión queda finalmente en 1.918.000 euros que Ortiz tendrá que abonar al Ayuntamiento de San Vicente.
