El Partido Socialista denuncia las reiteradas contradicciones por parte de Compromís, respecto a las explicaciones del Caso Psiconox, que no hacen más que reforzar el incumplimiento ético por parte de la Concejala.
Cualquier Comisión debe estar centrada en un objetivo concreto: esclarecer la cuestión ética y proponer medidas para que las bases de ejecución limiten este tipo de prácticas.
Los diferentes comunicados y ruedas de prensa realizados por el grupo Compromís, han puesto en evidencia reiteradas y graves contradicciones, cambiando las versiones en cuestión de horas, lo que, a nuestro entender, responde a un intento infructuoso de justificar la adjudicación de contratos a dedo a un compañero de su partido, miembro de la Ejecutiva de Compromís en Alicante.
Se ha afirmado que el contrato se realizó mediante concurso público. Esta afirmación es totalmente falsa. No ha existido licitación alguna, más allá de la mera consulta a varias empresas sobre sus catálogos de servicios. Desde el Partido Socialista nos parece que es importante conocer quién contactó de la asociación que finalmente fue la elegida para prestar los servicios.
Se ha afirmado disponer de un informe técnico. Posteriormente se ha reconocido que que el informe técnico previo para este tipo de contratos no es necesario y por tanto no existe. Obviamente para contratos menores no es necesario ningún informe técnico, si bien, utilizaron este argumento para justificarse en rueda de prensa cuando en realidad no existía. Consideramos en cualquier caso que la decisión de contratación debe derivarse de una evaluación realizada exclusivamente por técnicos y sin injerencia alguna de la concejala del área, aspecto que Isalia Gutiérrez no ha aclarado.
En rueda de prensa ninguno de los miembros de Compromís admitió conocer al Presidente de Psiconox, Jorge Pérez Ferrer, miembro de la Ejecutiva de Compromís Alicante. Las pruebas han evidenciado que existía una relación de hace años entre el portavoz, Ramón Lyda, y Jorge Pérez (Psiconox), desde su etapa en “Joves amb Cmpromís” y que además, dicha asociación impartió un curso en la Agrupación Local en 2015.
Isalia Gutiérrez declara en rueda de prensa, no conocer a Jorge Pérez personalmente aunque no aclara si lo conocía de referencia. Da a entender que lo conoce una vez iniciado el proceso de contrataciones reiteradas y decide mantenerlo por considerar discriminatorio retirar el contrato a un miembro de su propio partido. El Partido Socialista denuncia que en estos casos no se firma ningún tipo de contrato por lo que podría haber prescindido de sus servicios en cuanto conoció a Jorge Pérez y tuvo conocimiento de su pertenencia a Compromís.
Se ha justificado en rueda de prensa este tipo de prácticas consistentes en adjudicar contratos a dedo a afines y compañeros de partido, sin explicar dónde consideran que está el límite. Para los socialistas, este tipo de situaciones son censurables, éticamente inadmisibles y conllevan una responsabilidad política.
Además las contradicciones afectan también a las cifras y datos de las facturas que la concejala, Isalia Gutiérrez, ha proporcionado a la prensa. Ha obviado que 3 facturas, con numeración duplicada fueron anuladas por la intervención municipal, por importe de 4.510 euros, cantidad que hace cuadrar los números ofrecidos por alcaldía los últimos días. (Importe facturado 21.010 euros, importe facturas anuladas 4.510 euros). Entendemos que la edil ni siquiera ha realizado un seguimiento de las facturas presentadas por la Asociación.
Respecto a la Comisión de investigación, desde el PSOE somos partidarios de la creación de la misma con las garantías que un asunto de este calado debe tener. No obstante, la información respecto al caso Psiconox, es accesible a cualquier grupo político de la Corporación y a cualquier concejal que esté interesado en conocer y evaluar la situación para posicionarse al respecto.
En relación a la Comisión, pensamos que debe tener un objetivo concreto y un plazo de tiempo preestablecido. No podemos utilizar una comisión para dilatar el posicionamiento de los partidos en el asunto, sino que el tema es lo suficientemente importante como para que los partidos entren de una vez en el fondo de la cuestión. Así, mantenemos que el objetivo debe ser doble: clarificar el incumplimiento ético por parte de la Concejal de Sanidad; proponer medidas para la modificación de las bases de ejecución presupuestaria que controlen y limiten este tipo de prácticas.
