Una reflexión sobre los riesgos de la política educativa del Gobierno de la Comunitat Valenciana
Recientemente, hemos sido testigos de una serie de decisiones tomadas por el Gobierno conservador de la Generalitat Valenciana, dirigidas por el Conseller de Educación José Antonio Rovira, que claramente muestran un desprecio alarmante hacia la educación pública, aparándose en argumentos banales y simplones como el descenso del índice de natalidad.
Pero no deseo hacer una queja pública, como se suelen hacer, centrada en atacar por cualquier medio a quien representa al Gobierno Autonómico en materia de Educación, sería simple e improductivo.
No pretendo generar polémica partidista ni demonizar al Conseller, no quiero polarizar ni incitar al odio, esa es otra política diferente a la que yo pretendo realizar, quiero centrarme en el daño que estas decisiones provocarán en nuestros hijos, hijas y demás jóvenes de nuestra ciudad. Mi intención es informar a nuestra ciudadanía del peligro que corren nuestro sistema educativo y nuestras siguientes generaciones.
Esas decisiones políticas de las que hablamos incluyen recortes en infraestructuras educativas, en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), en las aulas Específicas, en las de Infantil y Primaria de nuestra ciudad, nos imponen el distrito único y más recientemente, proceden a reducir la oferta de nuevos ciclos formativos. Estos actos no son meras decisiones administrativas, representan una amenaza directa a la igualdad de oportunidades y a la justicia social en nuestra comunidad, por eso no se entiende la inacción y la pasividad de las familias afectadas.
El impacto de estas políticas reduccionistas es especialmente severo en localidades como San Vicente del Raspeig, donde gran parte de sus gentes dependen de un sistema educativo público fuerte y bien financiado para asegurar un futuro mejor para sus hijos.
La reducción de recursos y oportunidades en la educación pública fuerza a muchas familias a buscar alternativas en el sistema privado o concertado, aumentando las desigualdades sociales y económicas al tiempo que empobrecen la calidad educativa y aproximan al cuerpo docente a un ejercicio profesional precario.
El mercantilismo educativo que promueve este gobierno autonómico es una clara señal de que perciben la Educación no como un derecho fundamental, sino como un bien de consumo. Esta perspectiva perversa de la Educación, como mercancía, conduce inevitablemente a un escenario en el que solo quienes pueden permitírselo acceden a una educación de calidad. Mientras tanto, aquellas personas con menos recursos quedan relegadas a una educación pública cada vez más debilitada y desatendida. Esta situación perpetúa las desigualdades existentes y también socava la capacidad de la educación pública para ser una herramienta efectiva de movilidad social y económica.
Es fundamental que la ciudadanía de San Vicente del Raspeig entienda que las decisiones que toma el gobierno en materia educativa tienen repercusiones negativas, profundas y duraderas en nuestra sociedad.
Los recortes en infraestructuras educativas y en la oferta formativa limitan las posibilidades de desarrollo de nuestros jóvenes, condenándolos a un futuro con menos oportunidades. Estas políticas retrógradas solo sirven para profundizar las brechas sociales.
Quisiera hacer un llamado a la reflexión, especialmente a aquellas personas que, con escasos recursos económicos, han apoyado con sus votos a la derecha y a la extrema derecha en las urnas.
Es muy importante que comprendan que las políticas que reducen los servicios educativos públicos afectan a los más necesitados, a aquellos que menos tienen.
La educación debe ser una herramienta para la igualdad, un pilar para la construcción de una sociedad más justa y equitativa pero, ahora, está a un paso de dejar de serlo.
La reducción en la oferta educativa no solo perjudica al alumnado de hoy, sino que compromete el futuro de toda la comunidad. Invito a que nuestra ciudadanía reflexione sobre las consecuencias de estas políticas y a considerar el tipo de sociedad que queremos construir para las próximas generaciones.
Un pensamiento consciente y crítico es fundamental para garantizar que la educación pública siga siendo un derecho y no un privilegio; pensemos y defendamos nuestros derechos.
