La vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas para las sanvicenteras y sanvicenteros, y para el conjunto del País Valencià. Este año hemos visto cómo el precio del alquiler ha alcanzado cifras históricas, con un récord de 11,4€/m2 en septiembre de 2024. El precio de compra también está por las nubes, situándose en su máximo histórico de 1.985€/m2, equiparándose con el pico de 2006. Todo esto está haciendo que para las y los jóvenes la emancipación sea prácticamente una utopía.
En respuesta a esta grave crisis, la ciudadanía se ha organizado y ha salido a las calles en diversas ciudades como València y Alacant. En València, incluso se ha llevado a cabo una acampada, con personas que han decidido plantar sus tiendas frente al ayuntamiento como símbolo de resistencia y para visibilizar la desesperación que genera la falta de soluciones efectivas. Estas manifestaciones son un grito colectivo contra la inacción de los gobiernos municipales, autonómicos y estatales, que siguen sin poner sobre la mesa medidas que resuelvan esta emergencia habitacional.
En Sant Vicent del Raspeig, no somos ajenos a esta realidad. Aquí también sufrimos la falta de vivienda accesible, mientras vemos cómo las autoridades locales y autonómicas permanecen inmóviles. No es solo una cuestión de alquileres prohibitivos; la especulación inmobiliaria, la proliferación de pisos turísticos, la acaparación de vivienda por parte de fondos buitre y bancos, y la falta de voluntad política para frenar estas dinámicas nos han llevado a un colapso sin precedentes.
El problema de la vivienda no es aislado, afecta transversalmente a nuestras vidas. Para la juventud, el acceso a una vivienda digna es clave para poder planificar un futuro estable. Sin embargo, nos encontramos con que el 45% de los pisos turísticos en el País Valencià son ilegales, y los propietarios prefieren alquilar a turistas por temporadas que ofrecer alquileres estables. La nueva ley del PP sobre pisos turísticos es solo un parche, que ni siquiera aborda la raíz del problema y que delega la responsabilidad en los ayuntamientos sin dotarlos de recursos para inspeccionar de manera eficaz.
Por otro lado, acceder a una hipoteca se ha vuelto una carrera de obstáculos. El euríbor, aunque ha bajado, sigue en un 2,72%, y además, se exige un 30% de entrada, lo cual es inalcanzable para la mayoría, especialmente para quienes ya destinan casi la mitad de su sueldo al alquiler.
Las manifestaciones y acampadas son un reflejo de la frustración de miles de personas que ven vulnerado su derecho a una vivienda digna, tal como recoge el artículo 47 de la Constitución Española. La vivienda debe dejar de ser un bien de especulación para volver a ser un derecho. No podemos seguir permitiendo que los intereses de unos pocos estén por encima de la dignidad de la mayoría. Si no se toman medidas urgentes, las y los jóvenes del País Valencià seguiremos atrapados, sin la posibilidad de construir nuestro futuro.
Desde Podemos, tenemos claro que la vivienda es un derecho, no un lujo. Luchamos y seguiremos luchando para que las instituciones estén al servicio de la gente, regulando el mercado y combatiendo la especulación. Necesitamos políticas valientes que prioricen a las personas sobre los intereses económicos, que garanticen alquileres asequibles, viviendas públicas suficientes y que terminen con los privilegios de los grandes especuladores. Solo así podremos devolver la vivienda a su función social y asegurar un futuro digno para todas y todos.
