Unos plazos tan ajustados que el Ayuntamiento no puede asumir y nuevas exigencias legales, desconocidas en el momento de la convocatoria, obligan al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig a renunciar a la concesión de una subvención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). No obstante, los proyectos para el establecimiento de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, que se iban a financiar con estas ayudas, continuarán su proceso de implantación con recursos propios del Ayuntamiento.
Tras la aprobación de las bases y la convocatoria para la concesión de esta subvención, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el consistorio registró su solicitud el 30 de septiembre de 2021 a fin de concurrir en este proceso, realizando la memoria técnica y financiera según los requisitos inicialmente solicitados. Con fecha 17 de febrero 2022 se firma la resolución provisional por parte del MITMA y se establece un plazo para el inicio de los procesos de licitación antes del 30 de abril de 2022. Una demora que no implica la ampliación del periodo de tramitación y, por tanto, no es asumible por parte de la gestión municipal.
Así mismo, no se aprobó la totalidad de las actuaciones presentadas en el proyecto, como el Centro de Control para la monitorización del tráfico y la calidad medioambiental, por lo que queda sin sentido práctico al tratarse de un conjunto de acciones que deben llevarse a cabo de forma simultánea. A su vez, se añadieron nuevas exigencias legales, desconocidos en el momento de la convocatoria, como el Plan Antifraude que debía asumir el consistorio con sus propios recursos.
Desde el Equipo de Gobierno destacan que la renuncia de esta subvención no supone rehusar de la participación en futuras ayudas de los Fondos Europeos. Además, añaden que se seguirá impulsando con fondos propios la implantación de zonas de bajas emisiones, así como los planes para la mejora de la movilidad urbana en el municipio, potenciando las medidas para el uso del transporte público y los desplazamientos asociados a hábitos de vida saludable.